99% de impunidad: cada año se lavan 1.6 trillones de dólares en el mundo.

Ante la detención de Rosalinda González Valencia por fuerzas federales el pasado 15 de noviembre de este año, esposa del “Mencho” y referida por las autoridades y medios de comunicación como la operadora financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), relacionada con una red de 73 empresas que lavaron 1,100 millones de pesos para el cártel entre 2015 y 2016. ¿Te has puesto a pensar qué tan cierto es que la operación financiera recae en una sola persona? En realidad, este es otro de los tantos mitos que nos enfrentamos como sociedad.

El lavado de activos del crimen organizado

Para la mayoría de las naciones el delito de lavado de activos representa un desafío complejo en lo relativo a su prevención, identificación, localización y recuperación.

En el plano internacional, este delito representa un problema de dimensiones catastróficas: es tan grande, que según reportes emitidos por la Organización de las Naciones Unidas a través de su Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC), se calcula que aproximadamente 1.6 trillones de dólares, producto de actividades delictivas, son lavados mundialmente cada año.

En el caso de nuestro país, el Global Financial Integrity (GFI), enfocado a analizar temas de crímenes financieros, corrupción y blanqueo de capitales, estima que en México se lavan entre 18,000 y 44,000 millones de dólares al año.

Las organizaciones criminales obtienen recursos provenientes de diversas actividades ilícitas, tales como la trata de personas, el robo de hidrocarburos, el narcotráfico, el peculado, el enriquecimiento ilícito, así como los relacionados con las nuevas tecnologías. La mayoría de estas ganancias criminales se reinvierten en la economía formal, es decir, “se lavan”.

Por ello, para poder estructurar un esquema exitoso de lavado de activos, se requiere de abogados, fedatarios públicos, proveedores de algunos servicios, agentes inmobiliarios, fideicomisos, comerciantes de ciertos bienes, contadores, auditores y otros profesionistas que intervienen en el movimiento de capitales en los sistemas financieros locales e internacionales.

Por ello, pensar que en México, en las diversas células de la delincuencia organizada, la operación financiera recae en la primera línea del líder del cártel y que con su detención se logra desmantelar la estructura financiera de esa organización criminal, es pura ficción y producto de la cultura creada por las series de narcotráfico.

Es importante que el gobierno incorpore las mejores prácticas internacionales elaborando una estrategia integral, en la que se considere la identificación, localización, recuperación y destino de los bienes, producto de las actividades ilícitas del crimen organizado.

La recuperación de activos del crimen organizado

En el simposio celebrado en Cambridge sobre crímenes financieros el 14 de septiembre del 2021, David Lewis, hoy exsecretario del Grupo de Acción Financiera (GAFI), manifestó que hay un abismo entre lo que el GAFI recomienda y lo que hacen los gobiernos, lo que la policía puede hacer, lo que hacen los reguladores y la implementación en el mundo real por parte de las empresas. Estableciendo que el valor de los activos recuperados se sitúa en menos del 1 por ciento de las ganancias de los delitos.

En las últimas reuniones plenarias del GAFI, se recomendó a los gobiernos abordar los desafíos en la operación de la recuperación de activos. En México se ha logrado implementar criterios, lineamientos y políticas que fortalecen los esquemas de prevención, identificación y localización de los recursos provenientes del crimen organizado.

Según las estadísticas de la UIF, durante el periodo de Nieto Castillo al frente de dicha instancia, la unidad presentó 378 denuncias contra más de 1,150 personas físicas, 1,100 personas morales y 220 servidores públicos. Sin embargo, por lo que respecta al combate de la impunidad, lograr sentencias de decomiso de los bienes de la delincuencia organizada, es una tarea pendiente por parte de la Fiscalía General de la República.

 

Como podemos advertir, la mayoría de los delitos tienen un componente financiero. Por ello, dentro de la estrategia del gobierno, entre otras líneas de acción, debería de considerar la especialización en materia de inteligencia financiera de los agentes del ministerio público encargados de la integración de las carpetas de investigación, así como los servidores públicos involucrados en la prevención, identificación, localización, recuperación y destino de los bienes provenientes de las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Para combatir el delito de lavado de activos, se requiere aprovechar la cooperación de los organismos internacionales, para así impulsar un trabajo colaborativo entre el sector público, privado y académico, con el objetivo de elevar el nivel de especialización, para hacer frente a los verdaderos operadores financieros del crimen organizado y ahora sí poder destinar los recursos a los programas sociales u otras políticas públicas prioritarias del Gobierno de la República, como lo establece el marco jurídico vigente.

 

Julioastillero.com