I.     Que el artículo 11, fracción V de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, establece que la Comisión Nacional está facultada para procurar, proteger y representar individualmente los intereses de los Usuarios en las controversias entre éstos y las Instituciones Financieras mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan ante autoridades administrativas y jurisdiccionales, con motivo de operaciones o servicios que los primeros hayan contratado.

II.     Que el artículo 85 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, establece que la Comisión Nacional prestará el servicio de Defensoría Legal gratuita, en términos de la Ley y las Bases y Criterios que para tal efecto apruebe la Junta de Gobierno.

III.    Que con fecha 15 de julio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional, el cual determina las Unidades Administrativas que les compete el desahogo de las atribuciones de Defensoría.

IV.   Que el 2 de noviembre de 2001 y el 11 de marzo de 2016 se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación, las Bases y Criterios a los que se sujetará la Comisión Nacional, para brindar la Defensoría Legal Gratuita.

V.    Que resulta necesario actualizar la norma que regula el servicio de Defensoría Legal Gratuita que ofrece esta Comisión Nacional, tomando en cuenta las atribuciones actuales de las diferentes Unidades Administrativas, así como los cambios estructurales y funcionales que dicho organismo ha sufrido desde la publicación de las Bases y Criterios señaladas en el considerando anterior.

VI.   Que tomando en consideración que el universo de las personas a las que se les brinda el servicio de defensoría legal gratuita pertenece a grupos vulnerable como son las personas adultas mayores, con discapacidad, desempleadas, jubilados o pensionados, y las personas con enfermedad terminal; resulta necesario considerar que tratándose de juicios en los cuales la prueba pericial es fundamental para demostrar que le asiste la razón a los usuarios y considerando que hay usuarios que no cuentan con los recursos económicos para cubrir el costo de dicha prueba pericial, el juicio se perdería y generaría precedentes negativos en la administración de justicia al ser consecuencia de una falta de recurso, y no de razón legal.

VII.   Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, este Organismo eliminó dos obligaciones aplicables a las Instituciones Financieras, previstas en el Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas Disposiciones de Carácter General de la CONDUSEF, emitido por la propia Comisión Nacional, en cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 78 de la Ley General de Mejora Regulatoria, y en el «Acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, en cuanto a la emisión de los actos administrativos de carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo», identificado con el expediente 16/0006/251018.

VIII.  Que mediante acuerdo CONDUSEF/JG/124/08 del 21 de febrero de 2020, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional, en términos de lo establecido en el artículo 22 fracción I de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros aprobó las «Bases y Criterios para brindar la Defensoría Legal Gratuita».

I.     Bases: A las Bases y Criterios para brindar la Defensoría Legal Gratuita;

II.     Comisión Nacional: A la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros;

III.    Comité: Al Comité de Procedencia en el que, en su caso, se autorizara la procedencia en la prestación del servicio de defensoría legal gratuita y asistencia jurídica en materia penal;

IV.   Comité de Defensoría: Al comité de exención, que en su caso, autorizará la exención de pago de la prueba pericial, por la falta de recursos económicos por parte del Usuario.

V.    Defensor: A la persona profesional del derecho, designado por la Comisión Nacional, independientemente de su nombramiento o cargo, responsable de brindar orientación jurídica y Defensoría Legal Gratuita, en su caso, desde el momento en que dichos asuntos le sean asignados y hasta la terminación del servicio.

VI.   Defensoría Legal Gratuita: A los servicios de asistencia jurídica en materia penal, orientación jurídica o defensa legal, que de manera gratuita proporcione la Comisión Nacional, a solicitud del Usuario, a través de las Direcciones de Defensa a Usuarios y Consultiva.

VII.   Unidad de Atención a Usuarios: En singular o plural a la Unidad Administrativa desconcentradas de la Comisión Nacional en cada Entidad Federativa;

VIII.  Días hábiles: A los establecidos en el acuerdo que cada año publica la Comisión Nacional, en el Diario Oficial de la Federación, donde se señalan los días en que cerrará sus puertas y suspenderá operaciones;

IX.   Dirección Consultiva: Al Titular de la Dirección Consultiva.

X.    Dirección de Defensa a Usuarios: Al Titular de la Dirección de Defensa a Usuarios.

XI.   Dirección General: A la Dirección General de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y Tecnologías Financieras de la Comisión Nacional;

XII.   Instituciones Financieras: En singular o plural, a las instituciones mencionadas en el artículo 2, fracción IV, de la Ley;

XIII.  Ley: A la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y

XIV. Usuario: A la persona que reuniendo los requisitos a que se refiere el artículo 2o., fracción I, de la Ley, solicite los servicios de Defensoría Legal Gratuita.

I.     La recepción de las solicitudes de Defensoría Legal Gratuita de los Usuarios;

II.     El análisis jurídico del asunto y, en su caso, el estudio socioeconómico al Usuario;

III.    La Defensa Legal del Usuario, cuando así proceda, y

IV.   En caso de no proceder la Defensoría Legal Gratuita, la orientación y asesoría jurídica especializada por única vez.

I.     Identificación oficial;

II.     Comprobante de domicilio, en caso de que el mismo no coincida con el de la identificación oficial o bien esta no lo contenga;

III.    Comprobante de ingresos;

IV.   Copia legible de la constancia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y del Registro Federal de Contribuyentes (RFC);

V.    Todos los documentos que le sean notificados con motivo del procedimiento, debiendo el Defensor acusar de recibo de tales documentos, y

VI.   Cualquier otro documento o información que la Comisión Nacional o el propio Usuario considere necesario para calificar la procedencia del servicio.

I.     Acta constitutiva y/o última reforma estatutaria, en caso de existir;

II.     Las últimas 3 declaraciones de impuestos, parciales y totales;

III.    Últimos 3 estados financieros anuales;

IV.   Copia certificada del poder notarial del representante legal;

V.    Identificación oficial del representante legal;

VI.   Comprobante de domicilio;

VII.   Constancia que acredite el número de empleados con los que cuenta, y

VIII.  Cualquier información o documentación que considere ayude a determinar su situación socioeconómica.

I.     Las personas adultas mayores, presentando identificación oficial que acredite su edad;

II.     Las personas con discapacidad, que presenten constancia médica;

III.    Las personas desempleadas, con escrito bajo protesta de decir verdad, firmado ante dos testigos;

IV.   Los jubilados o pensionados, con credencial que lo acredite de alguna institución de seguridad social, y

V.    Las personas con enfermedad terminal, de acuerdo a la constancia médica que presenten.

I.     Los antecedentes del caso, así como los documentos en que se sustenten;

II.     Las pretensiones del Usuario;

III.    Los preceptos jurídicos aplicables, y en su caso, jurisprudencia y doctrina;

IV.   En su caso, la emisión del Acuerdo que contenga el Dictamen al que se refiere el artículo 68 Bis y 68 Bis 1 de la Ley o, el oficio de trámite correspondiente, y

V.    La procedencia o improcedencia de lo solicitado, elaborando la opinión respectiva.

I.     Que se reúnen los elementos legales indispensables para brindar el servicio de Defensoría Legal Gratuita y, además se cumple con el requisito de procedencia económica establecido por la Ley;

II.     Que se reúnen los elementos legales indispensables para brindar el servicio de Defensoría Legal Gratuita, pero no se satisface el requisito de procedencia económica, o

III.    Que no se reúnen los elementos legales indispensables para brindar el servicio de Defensoría Legal Gratuita.

I.     El Usuario lo solicite por una segunda ocasión respecto de un mismo hecho,

II.     El usuario solicite la defensoría por causas similares al hecho que originó la reclamación inicial y/o exista descuido, negligencia o abuso reiterado en sus pretensiones reclamadas.

III.    El Usuario manifieste ser profesional del derecho y ejercer dicha profesión.

a)    El Usuario se vea amenazado por situaciones que, si llegaren a consumarse, harían difícil o imposible restituirle el goce de los derechos afectados, o

b)    Se trate de asuntos en los que esté por vencerse el plazo para promover o contestar demandas, interponer recursos o solicitar el Amparo de la Justicia Federal, en su caso.

I.     Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;

II.     Tener título y cédula de licenciado en derecho, o su similar expedidos por alguna de las instituciones de enseñanza superior reconocidas por la Autoridad competente;

III.    Tener experiencia mínima profesional de un año en materia procesal mercantil; y

IV.   Cumplir con los requisitos del perfil que la unidad administrativa correspondiente determine.

I.     Copia de la solicitud de Defensoría Legal Gratuita;

II.     Copia de la opinión sobre la procedencia legal y económica, con el acuse de recibo del Usuario;

III.    Acuse debidamente sellado de la demanda presentada;

IV.   Copia de las pruebas documentales del caso;

V.    Copia de las promociones que se vayan elaborando durante la sustanciación del procedimiento;

VI.   Copia de las resoluciones de las distintas instancias procesales, y

VII.   Cualquier otro documento que el Defensor considere que debe incluirse en el expediente.

I.     El Usuario promoverá y comparecerá a juicio por su propio derecho, ante el Ministerio Público o ante los Tribunales, autorizando al Defensor exclusivamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos.

Cuando el procedimiento exija alguna autorización especial para que el Defensor actúe, el Usuario deberá acudir personalmente en cada una de las diligencias o audiencias que se requiera, por lo que en caso de que el usuario no comparezca, se entenderá que no autoriza a su Defensor para los efectos conducentes.

II.     El domicilio para recibir notificaciones durante el procedimiento será el de la Dirección de Defensa a Usuarios o el de las Unidades de Atención a Usuarios donde se haya presentado la solicitud de Defensoría;

III.    En los casos en los que el Comité de Defensoría, determine la procedencia de la solicitud del desahogo de la prueba pericial por parte de la Comisión Nacional, el usuario quedará obligado a seguir las instrucciones del defensor y el perito para la preparación y desahogo de la prueba en comento, debiendo comparecer en toda diligencia que se programe para ello.

IV.   Las comunicaciones y notificaciones entre el Defensor y el Usuario se realizarán por los medios señalados en el numeral noveno anterior, o bien, directamente en comparecencia ante el Defensor, y

V.    El Usuario deberá acudir al llamado que le efectúe el Defensor asignado, durante la secuela del procedimiento, para proporcionar la documentación e información que se requiera, así como para firmar las promociones a que haya lugar, dejando constancia de ello en el expedientillo respectivo, lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 89 de la Ley.

I.     Tenga interés personal directo o indirecto en el mismo.

II.     Mantenga relación con su contraparte o representante en juicio, por:

A)    Por Revocación, cuando:

I.     El Usuario pretenda que el Defensor concurra ante el órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público de que se trate con representantes o asesores particulares de aquél, o cuando el Usuario acuda a la Comisión Nacional o a Tribunales acompañado de los mismos;

II.     El Usuario proporcione datos falsos en relación con su situación legal o económica;

III.    Cuando desaparezcan las causas socioeconómicas que dieron origen a la prestación del servicio, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley;

IV.   No proporcione los datos o elementos necesarios para la defensa, sin incluir los casos en los que se exente al usuario de aportar la prueba pericial por así determinarlo el Comité de Defensoría.

V.    El Usuario u otra persona que mantenga con él una relación de parentesco, o que actúe por encargo de él, cometan actos de violencia, amenaza o injurias, en contra del personal de la Comisión Nacional;

VI.   El Usuario incurra en actos distintos a los que le haya sugerido el Defensor encargado de su asunto, como lo es el promover directamente o por su cuenta ante las Autoridades que conozcan de su asunto sin el conocimiento ni consentimiento de su Defensor, así como que el Usuario llegue a acuerdos relacionados con el asunto o actuaciones procedimentales, ocultándoselos al Defensor, o bien, incurra en actos ilegales relacionados con el proceso.

VII.   El Usuario incurra en la falta de pago de los gastos que se vayan generando durante el juicio, señalando de manera enunciativa más no limitativa, la falta de pago de honorarios y gastos de peritos con motivo del desahogo de la prueba pericial que en cada caso llegare a requerirse;

VIII.  Exista inasistencia injustificada por parte del Usuario a la Comisión Nacional en dos o más ocasiones, cuando éste sea requerido para tratar cualquier aspecto relacionado con su asunto o firmar una promoción relacionada con su Defensa o bien exista inasistencia injustificada por parte del Usuario para atender cualquier audiencia, diligencia o requerimiento ordenado por la Autoridad que conozca y resuelva de su asunto, ya sea que éste haya sido solicitado por la Autoridad o por su Defensor.

IX.   Transcurran más de noventa días naturales sin que el Usuario acuda con el Defensor para conocer el estado que guarda el procedimiento de defensoría iniciado ante las autoridades jurisdiccionales o ministeriales; contado desde la última comunicación sostenida con el usuario que podrá ser mediante su asistencia personal, notificación en el domicilio señalado por el usuario o la asistencia personal del usuario al juzgado o autoridad administrativa competente, en el que se trámite su asunto

X.    Cuando autorice para oír y recibir notificaciones a personas ajenas a la Comisión Nacional o revoque para los mismos efectos a los Defensores adscritos a la Dirección de Defensa a Usuarios, y

XI.   El Usuario revele a terceros, cualquier información que afecte la Defensoría Legal Gratuita.

       En contra de la revocación no procede recurso legal alguno.

B)    Por desistimiento, cuando el Usuario manifieste por escrito su deseo de que la Comisión Nacional deje de prestarle el servicio de Defensoría Legal Gratuita por así convenir a sus intereses, salvo los casos en que el servicio de Defensoría Legal Gratuita se haya prestado por orden judicial.

C)    Por fallecimiento del Usuario, cuando se notifique a la Comisión Nacional, por cualquier persona, el acta de defunción del Usuario.

       Para tal efecto el Defensor deberá notificar dicha situación a la autoridad que tenga conocimiento de la demanda o denuncia correspondiente, exhibiendo el documento en el que conste el fallecimiento del usuario. La Dirección de Defensa a Usuarios levantará un Acta en la que se hará constar el fallecimiento del usuario, la forma en la que ello se hizo del conocimiento del defensor, lo resuelto por el Juzgador del asunto y se acompañará de los documentos que sustenten lo manifestado. El acta se levantará por el Director de Defensa a Usuarios, el Jefe de Departamento correspondiente al Defensor y éste último.