Dueñas Martínez, una de las afectadas del fraude de la sociedad financiera popular Ficrea, solicitó una indemnización por parte de la Comisión, pues consideró que no cumplió en tiempo con supervisar las obligaciones de Ficrea.
En 2014, esa Comisión ordenó la intervención y suspensión de Ficrea Servicios Financieros, debido a que descubrió que los dueños utilizaron los ahorros de unas 6,800 personas, equivalentes a más de 6,000 millones de dólares, para cometer actos de fraude y operaciones de lavado de dinero.
Dueñas Martínez solicitó una indemnización por parte de la Comisión, pues consideró que no cumplió en tiempo con supervisar las obligaciones de Ficrea; que tuvo una decisión tardía de intervenir la compañía; que no cuidó los intereses de los ahorradores; no detectó a tiempo ciertas operaciones indebidas; y que no cumplió con sus obligaciones porque no protegió debidamente sus bienes, por lo que se vio afectado en sus derechos patrimoniales.
Este miércoles, en la Segunda Sala de la Suprema Corte, el ministro José Franco González Salas, presentó un proyecto de resolución sobre el amparo directo en revisión 540/2020, derivado del juicio de amparo directo 277/2019, promovido por Claudia Gabriela Dueñas Martínez, en contra de la CNBV, a quien acusó de ser corresponsable de los actos de Ficrea.
El proyecto, aprobado por la mayoría de Ministros de la Segunda Sala, negó el amparo a la quejosa, al determinar que no hay responsabilidad patrimonial por parte de la Comisión.
«De ningún modo puede sostenerse que hubo retraso u omisión en el actuar de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o que su actividad fue irregular, o que evidenciara responsabilidad patrimonial a su cargo, pues lo cierto es que se trató de una actividad regular tomando en cuenta las disposiciones legales que rigen las facultades y obligaciones de la Comisión, porque en todo momento actuó y continuó haciéndolo antes de decretar la intervención de Ficrea; y, resulta incuestionable que por tratarse de una medida que genera serias consecuencias, se buscaba que esta última corrigiera las irregularidades en las que estaba incurriendo o bien, demostrara que había operado de acuerdo a las obligaciones contraídas, sin necesidad de determinar su intervención», sostiene el proyecto.
Las autoridades de nuestro país han recuperado 29 propiedades de Rafael Olvera Amezcua, dueño de Ficrea, y han vendido tres de ellas, con lo que han obtenido 130 millones de pesos.
El pasado 28 de agosto, autoridades de Estados Unidos negaron asilo político y decidieron deportar a México a Rafael Olvera Amezcua, exdueño de Ficrea, quien se encuentra detenido desde 2019 en Miami, Florida.
Una vez que sea deportado a nuestro país, la Fiscalía General de la República podrá detenerlo con base en una orden de aprehensión con la que cuenta por el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 250 millones de pesos.
El economista.