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Pide Santiago Nieto modificar ley federal antilavado. Recomiendan aplicar vía administrativa para acceder a dinero no reclamado.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, llamó a los diputados a modificar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para poder actuar en el embargo de cuentas del crimen organizado.

Esto, dijo, para tener un proceso administrativo que permita el control sobre las cuentas bancarias relacionadas con la delincuencia organizada o actos de corrupción que no sean reclamadas en un plazo de 90 días.

Al participar en el Foro Regional Interparlamentario sobre Seguridad en la Cámara de Diputados, señaló que la UIF tiene detectadas cuentas relacionadas con la trata de personas y con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que no han sido reclamadas y que, pese a ello, no pueden ser utilizadas.

Nieto indicó que en la cuenta relacionada con trata de personas hay 80 millones de pesos, mientras que la vinculada con el cártel suma 2 millones de dólares.

Dijo que, con la normativa actual, la única opción es que la UIF solicite al Ministerio Publico la integración de una carpeta de investigación para que se judicialice el caso y así llegar hasta el decomiso de los recursos.

No obstante, señaló, este procedimiento penal tardaría entre dos y tres años.

Nieto recomendó reformar la ley antilavado para que las cuentas vinculadas con actos ilícitos que no son reclamadas en un plazo de 90 días puedan ser sujetas a control de la autoridad.

«La opción B podría ser reformar la ley y permitir, en esos casos, generar una especie de abandono administrativo, si pasan 90 días y nadie reclama una cuenta, perdónenme, pero podemos en ese momento solicitarle al Ministerio Público la extinción de dominio de esos bienes», indicó.

«Creo que podríamos utilizar esos recursos en lugar de esperarnos dos o tres años de un procedimiento penal».

Reiteró que la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito promovida por Morena el año pasado no tenía como objetivo otorgarle a la UIF la facultad de iniciar procesos de extinción de dominio.

Reconoció que la institución no puede llevar a cabo este procedimiento sin la intervención del Ministerio Público y de un juez, como lo establece la Constitución.

El titular de la UIF presumió que en 2019 lograron 84 sentencias condenatorias por lavado de dinero, mientras que en 2018 se contabilizaron sólo seis.

En materia de recursos, dijo, el año pasado el dinero congelado sumó 4 mil 500 millones de pesos, en tanto que entre 2015 y 2018 fue de 15 millones de pesos, cifra que calificó como ridícula.

Recomendó, además, crear mejores mecanismos de control para los casinos, ya que se tiene conocimiento de casos en los que a través de éstos negocios se recibían pagos familiares de líderes de los cárteles de la droga.

Largo proceso

El titular de la UIF, Santiago Nieto, señaló que con la actual normatividad el proceso para acceder a cuentas ilícitas tarda hasta tres años.

· La única opción es que la UIF solicite al Ministerio Publico la integración de una carpeta de investigación.

· Una vez teniendo la carpeta se abre la judicialización y luego se logra el decomiso.

· Recomendó reformar la ley antilavado.

· Propuso un procedimiento administrativo.

 

Reforma.

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