Durante el transcurso del 2019, las estafas basadas en esquemas piramidales tuvieron un auge en el ecosistema de activos virtuales, lo que es una llamada de atención para los reguladores en todo el mundo para establecer más y mejores mecanismos de protección al consumidor, a la par de más exigencia respecto al lavado de dinero en estos instrumentos virtuales, con el fin de evitar más estafas de este tipo en el futuro, indicó la firma Chainalysis.
De acuerdo con un avance de su informe Crímenes Criptográficos 2020, que la firma emitirá a principios del próximo año, durante el 2019 se dieron múltiples estafas piramidales en varias partes del mundo que arrojaron ganancias de miles de millones de dólares para los delincuentes.
Los fraudes basados en esquemas piramidales, que en el mundo se conocen como estafas Ponzi, otorgan rendimientos con los recursos de los nuevos inversionistas y no de las estrategias de inversión en las que presumen estar. Sin embargo, éstos no son sostenibles con el tiempo.
Chainalysis ejemplificó la estafa de PlusToken, firma que se anunció, especialmente en Asia, como una billetera de criptomonedas que prometía a sus usuarios altos rendimientos (de 9 a 18% mensual), a cambio de adquirir su moneda virtual por medio de criptoactivos como bitcoin o Ethereum.
Según lo reportado, la estafa ascendió a más de 3,000 millones de dólares, que fueron depositados, vía bitcoin o Ethereum, en las billeteras de PlusToken.
“La estafa PlusToken es un poderoso ejemplo de cómo las estafas de criptomonedas dañan al público y deberían alarmar a las casas de cambio virtuales, las fuerzas del orden y los reguladores por igual. En este caso, millones de víctimas de fraude probablemente nunca recuperarán los fondos”, detalló Chainalysis, firma que se dedica a los estudios del ecosistema de blockchain, especialmente para prevenir fraudes mediante esta tecnología.
El riesgo de operar libremente
Para Chainalysis, el que se deje operar libremente a las casas de cambio virtuales sin ninguna regulación activa es un riesgo para que este tipo de estafas continúen alrededor del mundo.
“Permitir que los corredores de venta libre operen sin escrutinio les brinda a los delincuentes una forma simple y obvia de lavar sus fondos mal obtenidos, y los intercambios deben contemplar mecanismos de conocimiento del cliente y monitorear la actividad”, detalló la firma.
En el transcurso de este año, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que emite los lineamientos de prevención de lavado de dinero a nivel mundial, realizó modificaciones a sus recomendaciones con el fin de que los países miembros de este organismo, como lo es México, tuvieran más control sobre las casas de cambio de activos virtuales y sobre la información de sus clientes.
A pesar de esto, se espera que los países comiencen aplicar dicha medida a partir del 2020, cuando las reglas del organismo estén más definidas y se tenga una claridad entre los reguladores mundiales sobre el impacto de dicha disposición de GAFI.
“Los reguladores de todo el mundo deberían reconocer las estafas piramidales con activos virtuales como un problema de protección del consumidor, y considerar cómo podrían aplicar las regulaciones contra el lavado de dinero para evitar que ocurran en el futuro”, acotó Chainalysis.
“Lo siento, hemos corrido”
• En el 2018, PlusToken salió a la luz con la promesa de atractivos rendimientos y con el fin de desarrollar productos relacionados con su moneda virtual.
• Se estima que más de 10 millones de inversionistas, la mayoría de Asia, metieron recursos en este mecanismo de inversión.
• En junio del 2019, participantes del ecosistema de activos virtuales en Asia denunciaron que PlusToken era un esquema piramidal.
• A partir de la denuncia, comenzaron los incumplimientos de los retornos y sus administradores sólo dejaron un mensaje en una red social con la leyenda “lo siento, hemos corrido”.
• Seis ciudadanos de China fueron arrestados en Vanuatu y extraditados a su país de origen. Sin embargo, se presume hay más implicados.
• El monto total de la estafa fue de 3,500 millones de dólares.
El Economista