España, de los mejores marcos normativos para el combate al lavado

Tras la evaluación que le realizó el grupo en el 2014, el país ibérico tiene mejoras sustanciales.

El marco de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento de España se ha convertido en uno de los de mayor efectividad y cumplimiento a nivel mundial de la mayoría de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Hace algunos días, el GAFI publicó los resultados del seguimiento que por quinto año consecutivo hizo este organismo a España, luego de su evaluación del 2014, donde indicó que hay mejoras sustanciales del país europeo en el marco de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

“Desde su evaluación mutua en el 2014, España ha trabajado para mejorar la efectividad de su marco nacional para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (…)el país ahora cumple en gran medida con 38 de las 40 recomendaciones”, detalló el GAFI, que es el organismo internacional que emite las medidas para evitar y combatir el blanqueo de capitales.

De acuerdo con el GAFI, en esta última evaluación de seguimiento, España mejoró respecto a garantizar que instituciones financieras, abogados, agentes de bienes raíces y otras actividades no financieras apliquen medidas preventivas para abordar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que enfrentan y logren denunciar transacciones sospechosas.

“Las autoridades españolas sensibilizaron al sector financiero, en particular a los servicios de transferencias monetarias, y a las empresas y profesiones no financieras sobre los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que podrían enfrentar, y las medidas que pueden implementar para mitigar estos riesgos”, expuso GAFI en la evaluación de seguimiento, donde participó el mexicano Gustavo Elhim Vega, director de Asuntos Regulatorios de la Unidad de Inteligencia Financiera de México.

Asimismo, el organismo internacional indicó que España se ha vuelto efectivo para garantizar que tanto bancos como otras empresas no financieras eviten que personas y organizaciones involucradas en la proliferación de destrucción masiva recauden, muevan y usen fondos.

“España ha establecido varios mecanismos de coordinación para evitar el financiamiento de armas de destrucción masiva. El país ha demostrado que, ya sea a través de investigaciones policiales o la supervisión de las entidades informantes, pueden identificar e interrumpir a aquellos que buscan evadir las sanciones de financiación de la proliferación”

Continúan riesgos

A pesar de estos avances, el GAFI no dejó de lado los riesgos a los que aún está expuesto España respecto al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, pues acotó que la nación continúa con una alta exposición a la delincuencia organizada, debido a su posición geográfica como punto de acceso a la Unión Europea.

“Las principales amenazas de lavado de dinero están relacionadas con las actividades de los grupos delictivos organizados con sede en el norte de África, América Latina y la ex-Unión Soviética involucrados en delitos de drogas, delincuencia organizada, delitos fiscales y aduaneros, así como la falsificación y trata de personas”, indicó el GAFI.

Respecto al financiamiento al terrorismo, el GAFI indicó que España sigue con un alto riesgo de exposición a este ilícito, especialmente por los grupos terroristas islámicos. “El riesgo de personas radicales, que apoyan a las organizaciones terroristas mediante la provisión de fondos sigue siendo uno de los desafíos clave para las autoridades competentes de España”.

Cómo se hace el seguimiento

• Fuentes de información del GAFI durante una evaluación a un país:
• Autoridades gubernamentales como reguladores financieros y de actividades no financieras, unidades de inteligencia financiera, agencias de inteligencia, autoridades fiscales y judiciales.
• Representantes de instituciones financieras y de actividades no financieras, que tienen que cumplir con las 40 recomendaciones del GAFI.
• Representantes de la organización civil, especialmente organizaciones sin fines de lucro que tienen que cumplir con recomendaciones del grupo.

Fuente: GAFI

El Economista