En el documento, se establece que todos los fideicomisos en el país deben estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes o en el Banco de México.
La UIF busca tener información de estos instrumentos para detectar algún indicio de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
La reforma planeada a la ley antilavado para identificar plenamente a los beneficiarios de los fideicomisos relacionados con actividades vulnerables es necesaria, con el fin de que las autoridades tengan más certeza sobre las personas, ya sea morales o físicas, que se benefician de estos instrumentos, coincidieron expertos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya tiene detectado el cambio normativo que se tendría que hacer a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para que los sujetos que realizan actividades vulnerables —como la venta de joyas, autos o bienes inmuebles—, y actúen mediante fideicomisos, reporten la información de estos instrumentos a la autoridad con el fin de detectar algún indicio de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
“Todo lo que tenga que ver con transparencia es bienvenido (…) Entre más claras estén las normas, mejor para estos instrumentos”, detalló Adolfo González Olhovich, presidente del consejo de la firma TM Sourcing, que se especializa en la creación de fideicomisos.
Un fideicomiso es un instrumento jurídico financiero por el cual una persona física o moral, llamada fideicomitente, transmite bienes (dinero, bienes raíces o regalías) a una institución financiera (fiduciaria), con el fin de hacerlos llegar a sus beneficiarios, que se conocen como fideicomisarios.
De acuerdo con lo señalado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su última evaluación a México, si bien hay información disponible sobre los fideicomisos, alojada en diversas instancias, las instituciones financieras que actúan como fiduciarias sólo identifican las partes de estos instrumentos, sin ir más allá para conocer al verdadero beneficiario.
“Si el fideicomitente (beneficiario) es una persona jurídica, las instituciones financieras no van más allá de identificar la titularidad legal. Ha habido algunos casos donde los fideicomisos fueron utilizados para invertir fondos ilícitos”, señaló el GAFI y añadió que, por lo general, estos instrumentos son utilizados por extranjeros para comprar bienes e invertir en México.
González Olhovich indicó que, si bien es necesaria la transparencia en estos instrumentos, también debe haber una responsabilidad de la autoridad para mantener la confidencialidad de la información a la que tiene acceso, además de que sería idóneo establecer un registro general de fideicomitentes o beneficiarios de los fideicomisos.
El secreto
Para Antonio Nava, socio fundador del despacho NM Consultores, los fideicomisos, especialmente los privados, siempre se han visto como figuras no tan transparentes, debido a que se reserva información relacionada con ellos.
“El fideicomiso siempre ha sido incierto en conocer la parte de los fideicomisarios y queda un poco ambiguo quiénes son ellos. El espíritu de las medidas antilavado, que prevé implementar la UIF, busca llegar a esos beneficiarios”, detalló Nava.
El especialista de NM Consultores acotó que la intención de la UIF es tener la información disponible sobre los beneficiarios finales de los fideicomisos relacionados con actividades vulnerables, con el fin de analizarla y detectar algún posible riesgo de lavado de dinero.
“Se busca llegar a esos beneficiarios finales para poder conocer realmente quiénes están detrás de las operaciones (en fideicomisos) y en un momento dado hacer la búsqueda de esas personas para eliminar el riesgo en caso de que sean sujetos con los que no se debe operar, como empresas fachadas o relacionados con el crimen organizado”, añadió Nava.
El reporte del GAFI del 2018 indica que 36 bancos en México ofrecen servicios para la creación de fideicomisos y el monto de los activos administrados en estos instrumentos es de 7 billones de pesos.
En el documento, se establece que todos los fideicomisos en el país deben estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes o en el Banco de México.
El economista
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