Acusan persecución con ley antifacturera. Critican senadores que con reformas se criminalice a los contribuyentes

Las medidas para endurecer las penas contra quienes expidan o usen facturas falsas para defraudar al fisco son instrumentos de «terrorismo fiscal» y de «extorsión institucional», advirtieron senadores.

Los legisladores del PAN y del PRI consideraron que las reformas aprobadas ayer en la materia criminalizan a los contribuyentes que, sin dolo, cometan errores en su declaración fiscal.

La principal crítica de la Oposición, que secundó el independiente Emilio Álvarez Icaza, fue que el uso de facturas falsas se considere un delito contra la seguridad nacional y de delincuencia organizada.

El senador panista Julen Rementería acusó que las nuevas disposiciones permitirían al Gobierno federal perseguir a la iniciativa privada, por lo que consideró que Morena ha traicionado a los empresarios que le confiaron su voto.

«Con esta reforma, ¿Saben a quienes están beneficiando? Y seguramente estarán viendo esta sesión por la televisión, a todos los delincuentes, a esos organizados que tanto han fustigado aquí, que han defraudado al país, que han vendido facturas falsas, que han prestado servicios de outsourcing durante toda su vida, pues con esta reforma quedan todos exonerados.

«¡Ah! Pero el empresario común, ese sí que se atenga a las consecuencias, el que se dedica a trabajar en un taller, incluso el médico, algún profesionista que se dedica a producir, a darle ingresos a su negocio personal o familiar, ese sí se tiene que preocupar», señaló.

Su correligionario Gustavo Madero sostuvo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya tiene identificados a los defraudadores fiscales y tiene las herramientas para perseguirlos sin necesidad de una reforma que calificó como desproporcionada.

«Estamos en contra de los evasores, pero también estamos en contra de los gobiernos que no saben recaudar y no saben utilizar la ley. Estamos en contra de esos presidentes de la República que aluden a amenazas de la seguridad nacional, como Donald Trump.

«Aquí en México nuestro Presidente alude a amenazas a la seguridad nacional a quienes emitan una factura. ¡Qué desproporción! ¿Con quién se equipara? Estamos en contra de esos presidentes de la República que a los verdaderos delincuentes les dicen ‘fuchi’ y a los empresarios les dicen ‘cárcel'», objetó.

La priista Nuvia Mayorga advirtió que con estas medidas, avaladas ayer en lo general, se podría ahuyentar las inversiones y se criminaliza al empresariado.

«¿Dónde quedó el principio de garantías de la presunción de inocencia? La prisión preventiva oficiosa no debe ser utilizada por los supuestos de defraudación fiscal y hoy el partido que gobierna la utiliza como una herramienta para hacer una cacería de brujas», alertó.

«Todos conocemos cómo el SAT o la Procuraduría Fiscal no tienen las herramientas de inteligencia financiera para buscar perfectamente a las empresas fantasmas que se dedican a vender facturas. Si todos los días lo vemos, hay veces en los periódicos o en internet en las cuales se están vendiendo facturas fantasmas. Es ahí en donde deben voltear los ojos la autoridad investigadora, no al buen empresario, no a la persona física que, sin actuar con dolo no lleva una contabilidad precisa».

El senador del PRD Miguel Ángel Mancera pidió acotar en la reforma que sólo se perseguirá a las empresas dedicadas a la fabricación de facturas falsas, no a los contribuyentes ordinarios.

«¿Para qué mandamos este mensaje a los contribuyentes?, ¿por qué no vamos, como lo planteó la Secretaría de Hacienda, por quienes alteran las facturas?, ¿por qué no vamos por quienes alteran los contratos, por esas conductas específicas?, ¿por qué no cerramos en la ley a qué se está dirigiendo?», cuestionó.

LA PROPUESTA

Durante la discusión de las reservas, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), propuso las siguientes medidas:

· Que el uso de facturas falsas se considere delincuencia organizada cuando el valor de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes supere los 8 millones de pesos.

· Planteó que, sólo en ese caso, el delito requerirá prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado podrá seguir su proceso en libertad.

· Propuso que la persona hallada culpable por la venta y compra de facturas falsas sea castigada con cárcel de 2 a 9 años, y no de 5 a 8 años, como proponía la iniciativa original.

Reforma.