Santiago Nieto publicó el decreto por el que se amplía otros cinco años la reserva sobre los datos de los servidores públicos de la UIF. La primera reserva se hizo en el 2013.

EN UN CONTEXTO donde han surgido nuevas formas del blanqueo de capitales apoyadas en la tecnología, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga casos de presunto lavado de dinero por medio de la compraventa de activos virtuales, especialmente de bitcoin, reconoció su titular, Santiago Nieto Castillo.

El funcionario resaltó que durante los últimos años en México la actividad de las plataformas de tecnología financiera, o fintech, ha aumentado sustancialmente sobre todo en temas de transacciones con activos virtuales.

“En los casos que está desarrollando la UIF aparecen bitcoins y la adquisición de este tipo de activos”, detalló el funcionario.

La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, promulgada en marzo del 2018, que también reforma la ley antilavado, establece a la compraventa de activos virtuales como una actividad vulnerable, por lo que la UIF es la encargada de recibir, analizar y diseminar dicha información.

Según la ley, las entidades que realicen este tipo de operaciones están obligadas a reportar la información de una transacción de compraventa de activos virtuales siempre y cuando rebasen el umbral de las 654 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), que son poco más de 54,000 pesos.

El organismo encargado de supervisar las actividades vulnerables, como los centros joyeros o agencias de automóviles, es el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Desde hace varios años, diversos organismos han alertado del riesgo del uso de activos virtuales para el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo.

Por ejemplo, en el 2017, el gobierno de Estados Unidos en su informe anual Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas detalló que los activos virtuales, como el bitcoin, eran utilizados como forma de pago en las ventas de medicamentos en los mercados negros y comenzaban a usarse cada vez más para transferir los ingresos de las ventas de drogas a nivel internacional.

Asimismo, en marzo pasado, el sitio Animal Político informó que la Fiscalía General de la República ya investigaba dos casos de posible lavado de dinero mediante la compra de activos virtuales relacionados con grupos delictivos.

REGULACIÓN

Desde finales del 2018, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que recomienda a los países medidas antilavado, ha puesto mayor énfasis en el tema de activos virtuales con el fin de acotar el riesgo de blanqueo en estos instrumentos.

En este contexto, el GAFI ha señalado que al menos todos los proveedores de servicios de estos activos, incluidas las casas de cambio virtuales, deben estar sujetos a un régimen de prevención de lavado de dinero.

En los próximos días el GAFI anunciará medidas más precisas relacionadas con este tema, luego de una serie de reuniones entre los sectores público y privado donde se abordaron diversas posturas referentes a la regulación de este tipo de activos.