La Fiscalía General de la República (FGR) investiga por lavado de dinero y delincuencia organizada al magistrado federal Isidro Avelar Gutiérrez, quien presuntamente ha dejado libres en forma injustificada a líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Simultáneamente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda también tiene en curso una investigación en su contra, luego de que el grupo parlamentario de Morena en el Senado diera a conocer que adquirió inmuebles por 18.7 millones de pesos entre 2010 y 2016.
Autoridades federales confirmaron que el 17 de julio de 2018, cuando Avelar presidía el Sexto Tribunal Unitario de Jalisco, ordenó la libertad de Juan Francisco Aguilar Santana «Juan Pistolas», un hombre cercano a Rubén o Nemesio Oseguera Cervantes «El Mencho», capo del CJNG.
La Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvo a «Juan Pistolas» el 9 de junio del año pasado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con 15 armas largas, 12 armas cortas, 4 barrets, 2 lanzagranadas y droga.
De acuerdo con informes del Gobierno federal, el juzgador ordenó la liberación del narcotraficante con un argumento que, para los fiscales, no tiene fundamento legal.
Explicaron que el magistrado argumentó la liberación porque un agente del Ministerio Público Federal firmó casi simultáneamente tanto el acta de cateo al inmueble donde fue detenido, como la del allanamiento a otro domicilio en Jalisco.
No obstante, el problema es que, según las autoridades consultadas, Avelar pasó por alto las formalidades de los cateos previstas en los artículos 283 y 288 del Código Nacional del Procedimientos Penales, los cuales ya no exigen como requisito la firma del Ministerio Público en las actas de los allanamientos.
En este caso, el cateo lo realizó la Policía Federal Ministerial y las actuaciones después las suscribió el agente del MP para judicializar la investigación.
Conforme a los datos a los que se tuvo acceso, las autoridades tienen en la mira a otros impartidores de justicia del Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación, es decir, de Jalisco, ya que tienen indicios de que Avelar estaba coordinado con otros jueces y magistrados.
Esta línea de investigación se ha desprendido de las revisiones que han realizado las autoridades federales de los fallos del magistrado desde que era titular del Séptimo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Guadalajara.
Lo que hacían algunos juzgadores en casos contra miembros del CJNG era argumentar que las cargas de trabajo les impedían resolver dichos expedientes y los remitían a Avelar cuando era magistrado auxiliar.
Desde esa posición, dictaba sentencias favorables para los acusados.
El 28 de noviembre de 2011 Avelar dio un amparo a Néstor Moreno, ex director de Operación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), contra la orden de aprehensión que le habían girado por enriquecimiento ilícito.
El magistrado en ese entonces argumentó que no existía una sola prueba jurídicamente aceptable sobre el enriquecimiento ilícito de más de 36 millones de pesos, en el periodo 2001-2010 imputado al ex funcionario.
Cuando ese amparo estaba en la etapa de revisión, por impugnación de la entonces PGR, Moreno fue detenido y encarcelado. Hoy, por esa acusación, el ex mando de la CFE está sentenciado en segunda instancia a ocho años de cárcel.
Largo historial
El magistrado Isidro Avelar Gutiérrez fue acusado por senadores de Morena por supuestos actos de corrupción.
26 de febrero
– El grupo parlamentario de Morena en el Senado enlistó casos de jueces y magistrados presuntamente beneficiados por narcos y abogados.
– Los legisladores acusaron a Avelar Gutiérrez de comprar una casa de $18.7 millones, además de sostener reuniones con las hijas de «El Mencho», líder del CJNG.
13 de marzo
– El Consejo de la Judicatura Federal lo cambió del Sexto Tribunal Unitario de Jalisco al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de Guerrero, con sede en Chilpancingo.
– El magistrado impugnó su traslado, mediante recurso de revisión administrativa.
– Avelar nació en San Cristóbal de la Barranca, Jalisco, y se tituló como licenciado en derecho por la Universidad de Guadalajara en 1988, con la tesis «La inexistencia de las actuaciones practicadas por el Ministerio Público Militar».
– El 24 de mayo de 1993 recibió el nombramiento de juez de distrito y el 10 de noviembre de 1999 el de magistrado de circuito.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de un magistrado federal que suman un saldo de 50 millones de pesos, informó ayer Santiago Nieto, titular de esa entidad.
Aunque no mencionó el nombre del impartidor de justicia, Nieto dijo que se trata de un magistrado con sede en Jalisco que tiene acusaciones por otorgar de manera irregular amparos en favor de integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
«Le hemos congelado las cuentas y hemos presentado la denuncia ante la Fiscalía General de la República y la vista al Consejo de la Judicatura», dijo al participar en un evento del INAI.
El titular de la UIF señaló que los 50 millones inmovilizados son recursos que el magistrado no pudo justificar, pero que aún están a la espera de más información bancaria relacionada con personas vinculadas al sospechoso.
El 3 de abril REFORMA informó que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) había readscrito de Jalisco a Guerrero al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, quien fue acusado por el senador por morenista Ricardo Monreal, de haber incurrido en actos de corrupción.
En un escrito, enviado al presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, Monreal aseguró que el magistrado tiene autos de lujo e inmuebles por 18.7 millones de pesos, además de que se reunió con familiares de Nemesio Oceguera, el «Mencho», líder del CJNG y otorgó un amparo para liberar al hijo del capo, quien había sido acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada.
RECUENTO
Santiago Nieto informó que la UIF ha presentado en los últimos cinco meses 54 denuncias por lavado de dinero que implican un monto de 49 mil millones de pesos.
Estas denuncias, indicó, también incluyen 478 millones de dólares y 117 millones de euros.
Las 54 denuncias, detalló, involucran a 222 personas que presuntamente incurrieron en actos de corrupción, robo de hidrocarburos y trata de personas, entre otros delitos.
El Reforma
