En el sexenio pasado, no se tuvo un avance en el combate al lavado de dinero, pese a los esfuerzos: experto
DURANTE EL último año de la administración de Enrique Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó 82 denuncias ante las autoridades correspondientes por presunto lavado de dinero, derivadas de la información que recibe tanto de las instituciones financieras como de las actividades vulnerables, lo que significó una caída de 27% respecto al número de acusaciones que la UIF presentó en el 2017.
Para Jorge Lara Rivera, académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales y exfuncionario de la Procuraduría General de la República (PGR), esta caída en el número de denuncias se debió en parte a que este organismo estuvo sin una cabeza formal desde la renuncia de Alberto Bazbaz al frente de la UIF, en enero del 2018.
“Esta caída fue porque hubo una especie de anomia (en el 2018), no solamente en la UIF, sino en la (entonces) PGR, por la falta de titulares formales. De por sí veníamos de una situación agravante, con escaso nivel de compartir la información entre dependencias. Hubo un colapso entre PGR, UIF y Policía Federal, y eso explica el número de denuncias de la UIF”, comentó Lara Rivera.
Sin que se haya anunciado formalmente, se sabía que Orlando Suárez López era el encargado de esta unidad luego de la salida de Bazbaz, quien renunció a la UIF para hacerse cargo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
De acuerdo con las cifras presentadas por la UIF al cierre del 2018, esta unidad presentó el sexenio pasado 587 denuncias ante las autoridades correspondientes, lo que significó un incremento de 153% respecto a las presentadas durante el gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, para Lara Rivera no se puede hablar de una labor exitosa que aporte al combate al lavado de dinero en México.
La UIF es la instancia para coadyuvar en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Analiza y disemina la información que recibe tanto de las instituciones financieras como de los otros sujetos obligados (actividades vulnerables).
“La cifra que nos reporta la UIF es una cifra ciega, que no nos permite discernir la efectividad de las políticas de prevención y de combate lavado de dinero, porque estas cifras no refieren aspectos para una correcta evaluación”, comentó el especialista, quien en ocasiones anteriores ha declarado que, de acuerdo con datos del gobierno, se puede deducir que al año se lavan alrededor de 50,000 millones de dólares en el país.
FALTA UNA CORRECTA EVALUACIÓN
Lara Rivera detalló que, para tener una correcta evaluación de los números que presenta la UIF, ésta debería explicar con más detalle las denuncias que presenta, como por ejemplo, la modalidad del presunto acto que derivó en la denuncia o los montos del presunto ilícito por el que acusa.
“No podemos hacer una correcta evaluación de desempeño si no nos dicen qué tipologías está priorizando la política criminal”.
Para el especialista, lo deseable sería que se informe que la UIF presenta denuncias por el lavado de dinero que se realiza vía el sistema financiero, pues tradicionalmente se ha encargado de investigaciones menores, como el traslado en efectivo. “Estos reportes nos dejan con más preguntas que respuestas. No nos dan una pauta de orientación para la evaluación de desempeño de la UIF, la cual recibe millones de reportes y de avisos. Debe haber una información más cualitativa y también hablando de montos para saber si es eficaz la labor del Estado mexicano contra los grandes casos de lavado de dinero”, explicó.
EL RETO
Lara Rivera señaló que durante la administración de Enrique Peña Nieto, no se tuvo un avance en el combate al lavado de dinero y, aunque hubo esfuerzos importantes especialmente en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tal y como lo señaló el Grupo de Acción Financiera Internacional, hubo una escasa labor de judicialización y recuperación de activos provenientes del blanqueo de capitales.
En este contexto, el especialista sostuvo que si bien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya le da una mayor centralidad al tema, la labor de esta unidad, actualmente a cargo de Santiago Nieto Castillo, debe ser discreta, de bajo perfil, tal y como se rigen las unidades de inteligencia en otras naciones.
UIF NO DEBE TENER PERFIL POLÍTICO
“No se puede tener un perfil político. La UIF está para trabajar en contra de tramas criminales muy complejas, muy riesgosas y de mucho peligro, y no puede estar saliendo a decir cosas de mucho peligro. Eso es distracción reprobable derecursos estratégicos (…) Necesitamos una UIF discreta altamente técnica, capaz de intercambiar información con sus contrapartes, las cuales buscan discreción. Con este perfil, se percibe que la UIF es activista”, acotó Lara Rivera.
Hace algunos días, Santiago Nieto tuvo los reflectores al presentar una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por el financiamiento del documental Populismo en América Latina.
