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LA COMISIÓN Nacional del Mercado de Valores (CNMV) detectó, en relación con las cuentas del 2016 del Banco Popular, “prácticas irregulares” de altos directivos, entre los que figuran el expresidente Ángel Ron o los ex consejeros delegados Pedro Larena, Roberto Higuera y Francisco Gómez.

En octubre del 2018 la CNMV informó de la apertura de un expediente por una infracción “muy grave” al Popular, a los consejeros ejecutivos, los miembros de su comisión de auditoría y su director financiero, por “aspectos” relativos con las cuentas anuales del 2016, de las que el banco informó en abril del 2017.

El informe que justificaba la apertura de ese expediente ya está en poder del titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, que investiga la liquidación del banco, y entre otras irregularidades se refiere a unos ajustes contables de más de 209 millones de euros que en realidad ascendían a 387 millones.

Esta discrepancia lleva a la CNMV a concluir que “la información financiera consolidada del ejercicio del 2016 no representaba la imagen fiel de su situación financiera patrimonial”, por lo que abrió un expediente a “los órganos de administración y alta dirección por haber suministrado a la CNMV información financiera regulada con datos inexactos o no veraces, o de información engañosa o que omite aspectos o datos relevantes”.

La CNMV ve “intencionalidad de altos directivos” en los ajustes por insuficiencia en determinadas provisiones constituidas respecto a riesgos de la cartera crediticia, y considera que la entidad “desglosó unas ratios de capital regulatorio mejores de las reales”, por no deducir determinados financiamientos a clientes. En concreto, 239 millones de euros que se utilizaron para la compra de acciones en la ampliación de capital en el 2016.

El expediente sancionador, cuya tramitación está suspendida al haber un proceso penal abierto, no abarca a todo el Consejo de Administración sino a “aquellos con responsabilidad sobre los asuntos analizados”: el expresidente Ángel Ron; el exvicepresidente José María Arias Mosquera; los ex consejeros delegados Pedro Larena y Roberto Higuera, y los exconsejeros Francisco Aparicio y Jorge Oroviogoicochea.

Asimismo, la CNMV ha detectado “la participación activa de determinados miembros de la alta dirección”, como el exdirector financiero Javier Moreno y el ex consejero delegado Francisco Gómez, “en la realización de prácticas irregulares”. Moreno fue quien propuso la reasignación de provisiones para cubrir las requeridas por el Banco Central Europeo y “tuvo conocimiento o, al menos indicios”, de la financiación de la compra de acciones, sin comprobar que dicho importe fuera deducido del capital regulatorio del banco. Francisco Gómez, por su parte, habría transmitido instrucciones para que se financiara a los clientes para que acudieran a la ampliación de capital del 2016.

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