En espera, iniciativa para tipificar como delito expedición de facturas falsas

El periodo de sesiones ordinario inicia en febrero, cuando se podrá retomar la iniciativa.

EN DICIEMBRE, los integrantes del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional en la Cámara de Senadores trataron de acelerar los cambios pendientes que pretenden elevar los controles normativos a fin de frenar las operaciones financieras de las dependencias y entidades públicas de los tres órdenes de gobierno con empresas fantasma; sin embargo, no se logró concretar.

Desde finales de octubre fue presentada de manera formal ante el pleno de la Cámara alta la iniciativa de reformas al Código Fiscal de la Federación, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la autoría de Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena, que no se logró concretar antes de que finalizara el 2018.

La propuesta de cambios al referido Código sugiere sancionar “con las mismas penas del delito de defraudación fiscal ,aquien expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.

El artículo 108 vigente del código establece que “se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

El delito de defraudación fiscal se sancionará con las siguientes penas:

Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de 1 millón 734,280 pesos; con prisión de dos a cinco años si el monto de lo defraudado excede de dicha cantidad, pero no de 2 millones 601,410 pesos; y con prisión de tres a nueve años cuando la defraudación sea superior a esa última cantidad.

Si no es posible determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de tres meses a seis años de prisión, y si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediaestado, ta, en una sola exhibición, la pena podrá atenuarse hasta en 50 por ciento.

De acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, las Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas son aquellas que hacen fraude al emitir facturas apócrifas sobre operaciones, compras o servicios no realizados con el fin de simular aumentos de gastos de operación para pagar menos impuestos.

Amplió que la intención de las empresas fantasma es convencer a los contribuyentes de que al comprar este tipo de facturas reducirán el monto de impuestos a pagar, a cambio de una comisión, equivalente a un porcentaje del monto del Comprobante Fiscal Digital por Internet.

La semana pasada, López Obrador reiteró que se requiere reformar la Constitución para incluir entre los delitos graves la emisión de facturas falsas o apócrifas.

El economista.