El número de expedientes acumulados al noveno mes supera todos los registrados durante el 2017, según la información de la unidad

 

De enero a septiembre de este año, el número de operaciones preocupantes que recibe la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tanto de las instituciones financieras como de los sujetos obligados (actividades vulnerables), fue de 545, la cifra más alta de la que se tiene registro (desde el 2004) e incluso 8% superior a lo reportado en todo el 2017, en donde fueron 503.

Las operaciones preocupantes son aquellas actividades, conductas o comportamientos de los directivos de las instituciones financieras o sujetos obligados que pudieran contravenir o vulnerar las normas en materia antilavado de dinero.

Una operación preocupante se podría considerar cuando se detecta que algún directivo, accionista de una institución financiera o de alguno de los sujetos obligados mantenga un nivel de vida notoriamente superior al que le correspondería en función de su salario en dicha institución.

Asimismo, también se consideraría, para emitir un reporte de esta naturaleza, cuando un directivo intervenga reiteradamente en la realización de operaciones que hayan sido reportadas como inusuales, es decir, aquellas que no concuerden con el comportamiento transaccional promedio de un cliente.

Para Salvador Mejía, socio director de la consultoría Asimetrics, aunque es difícil determinar si con este aumento en el número de reportes de operaciones preocupantes hay más actos indebidos por parte de los directivos de las instituciones financieras o de los sujetos obligados, lo que es un hecho es que estas entidades se preocupan más por reportar esta información.

“Claro que las entidades financieras están cumpliendo con su trabajo y están reportando más, pero no sabemos si ese aumento se debe a si antes no hacían nada y ahora, gracias a la supervisión, ya están poniendo ojo a esto, o si las áreas de cumplimiento internas por fin están autorizando proceder contra los directivos que actúen de esta manera”, detalló el socio de la firma especializada en prevención de lavado de dinero.

Mejía dijo que es destacable este incremento, debido a lo complicado que resulta realizar un reporte de esta naturaleza, por los intereses de las entidades obligadas a hacerlos.

“Los reportes para operaciones preocupantes internas son de lo más difícil de hacer, porque, por ejemplo, dentro de los bancos se privilegia, antes del cumplimiento normativo, la colocación de productos, por lo tanto, un funcionario, que supongamos está haciendo algo indebido, pero le está generando a la institución una ganancia notable o está cumpliendo con sus metas de ventas, difícilmente provocará que se escale un caso de operación preocupante, eso es difícil”.

El consultor detalló que, aunque no se sabe la calidad de información que se envía a las autoridades para su análisis, mucha de ésta se trata de reportes con datos irrelevantes, que no abonan al sentido de dicha disposición para ayudar a detectar los comportamientos y posibles casos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Para las entidades (tanto financieras como sujetos obligados), es más sencillo que reporten todo, para evadir una multa, eso se constituye en una suerte de contrainteligencia, pues en vez de recibir buenos reportes, estamos recibiendo reportes basura”.

Grueso del sistema financiero

Para Mejía, sin duda la mayor parte de estos reportes provendría de las instituciones del sistema financiero, pues hay una falta de compromiso de las entidades que realizan alguna actividad vulnerable, tales como la venta de vehículos, inmuebles o metales y joyas.

“Todos estos reportes provienen del sistema financiero, porque las actividades vulnerables siguen estando sujetas a un gremio que no está interesado en el cumplimiento normativo, es decir, el empresariado”.

Mejía enfatizó que, a pesar de que la UIF reciba este tipo de información, son muy pocas las acusaciones que se generan por el delito de lavado, así que se tiene que hacer un análisis en la siguiente administración para saber por qué no avanzan las investigaciones que deriven en acusaciones formales.

Fernando Gutiérrez

El Economista