El ex fiscal general de El Salvador, Luis Martínez, asumió la presidencia rotatoria del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), durante la XL reunión del organismo, que se celebró en noviembre de 2014. La presidencia del funcionario salvadoreño se inició tras terminar el período rotario de presidencia de la fiscal general de Bahamas, Allyson Maynar Gibson.

Informa la http://www.laprensagrafica.com/ que Luis Martínez es investigado por un caso de posible lavado de dinero, según habría confirmado el actual fiscal, Douglas Meléndez. y que la UIF de la Fiscalía General de la República (FGR) estaría procediendo a la inmovilización de sus cuentas y algunos de sus bienes e inmuebles. No se precisó los montos inmovilizados ni los detalles de la investigación.

De acuerdo con el fiscal Meléndez, la investigación por posible lavado podría ser judicializada en los próximos meses si los fiscales de la UIF encuentran indicios de que el exfiscal blanqueó dinero.

Meléndez evitó dar más detalles y no aclaró si el exfiscal se apropió de fondos públicos o de dónde procedía el dinero que presuntamente lavó. Una de las incógnitas que dejó la administración de Martínez fue el uso y el destino de los $14.5 millones que las autoridades encontraron en 2010 enterrados en barriles en una hacienda de Zacatecoluca y en una casa particular de San Juan Opico, La Libertad.

Esta es la tercera investigación que el ministerio público confirma sobre la gestión del exfiscal Martínez. Las primeras dos ya fueron judicializadas y se encuentran en la fase de instrucción, en la que la Fiscalía tiene hasta seis meses para ampliar las investigaciones y reunir más pruebas para lograr condenas por los delitos de omisión en la investigación, fraude procesal y en el otro caso por divulgación de material reservado.

En el primer caso, el exfiscal fue relacionado con una red de corrupción judicial que favorecía al empresario Enrique Rais, acusado de varios delitos, pero que siempre salía beneficiado con la ayuda de jueces, fiscales y abogados, a los que les pagaba. En ese caso, el exfiscal Martínez fue acusado de omisión en la investigación y fraude procesal, por saber de esa red y no hacer nada para desmantelarla.

En el segundo caso, el exfiscal Martínez fue acusado del delito de divulgación de material reservado. La Fiscalía lo acusó de divulgar grabaciones de conversaciones telefónicas privadas del sacerdote español Antonio Rodríguez Tercero, mejor conocido como padre Toño.

Las escuchas telefónicas fueron autorizadas entre 2013 y 2014 para que la Fiscalía buscara pruebas de que el padre Toño ingresaba ilícitos a los centros penales a los que entraba, o para que indagara si había participado en extorsión. Pero Martínez también tomó grabaciones con contenido de la vida privada del sacerdote y las divulgó.

El Juzgado Segundo de Paz envió el caso a la siguiente etapa para que la FGR recabe más pruebas de que el exfiscal divulgó escuchas telefónicas que no tenían nada que ver con la investigación. La Cámara Segunda de lo Penal confirmó recientemente que Martínez sea procesado en libertad.

Estas informaciones, de convertirse en hechos sentenciados por los tribunales, serían una pésima noticia para todos los funcionarios y profesionales que se dedican al combatir el delito.

Si finalmente los casos de lavado no prosperan por no corresponder a la realidad también sería muy mala noticia como constatación del creciente uso espurio de los exorbitantes resortes de las políticas antilavado para fines políticos.

FUENTE: CONTROL CAPITAL NET                                                     

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noviembre 16, 2016