Desde hace 20 años el futbolista Rafael Márquez, capitán de la Selección Nacional, quien jugó durante años en el Barcelona, está relacionado en múltiples negocios con uno de los más importantes narcotraficantes de Jalisco, Raúl Flores Hernández. No es el único: este mismo líder del narcotráfico también impulsó la carrera y tiene numerosos negocios en común con el famosísimo cantante de norteño banda Julión Álvarez, desde hace una década.

Ellos dos, Rafa y Julión, y muchos más, en total 65 personas, forman parte de la red de lavado de dinero que a lo largo de décadas integró Flores Hernández, junto con otros personajes como los hijos de Rafael Caro Quintero, Efraín y Omar Caro Urías. En la red están involucrados representantes deportivos y artísticos, restauranteros, financieros y prestanombres. No era una red encubierta, se conocían, frecuentaban, incluso, aparecían cotidianamente en redes sociales y publicaciones.

Raúl Flores Hernández, es un narcotraficante de vieja escuela. Ya en 1983 se le iniciaron procesos en el estado de Columbia y California por tráfico de drogas. Estuvo detenido en México entre 2013 y 2015, acusado de ser operador financiero de lo que sería ahora el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero en realidad Flores Hernández, es un personaje que no se ha involucrado en el narcomenudeo ni en la lucha de pandillas y por eso ha pasado desapercibido para muchos: su negocio es colocar la droga, por toneladas, del otro lado de la frontera y ha sido socio, en distintos momentos, de El Chapo Guzmán, los Beltrán Leyva y del propio CJNG, gracias a las muy añejas relaciones que tiene con las redes de distribución en Colombia que le permiten abastecer a muchos de los principales grupos del narcotráfico cuando sus propias redes se ven cerradas.

Es, en muchos sentidos, una suerte de padrino a la vieja usanza, incluso protegido siempre con una seguridad discreta. Pero sus relaciones con los grupos criminales eran públicas, tanto como sus procesos y detenciones breves en EU como por la que sufrió en 2013 en México.

Dos de sus principales operadores son Efraín y Omar Caro Urías, hijos de Caro Quintero (las redes de Flores Hernández son contemporáneas y eran parte de las de ese líder del Cártel de Guadalajara, detenido por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena), junto con varios integrantes de su familia, pero también con otro personaje ligado a promociones de espectáculos y restaurantes: Mario Alberto Fernández Santana, apodado El Gordo Fernández.

Fernández fue el promotor de Valentín Elizalde, asesinado al terminar una actuación en Reynosa, Tamaulipas, en el 2006. Se cree que El Gallo de Oro fue asesinado por Los Zetas, en venganza por su relación con el Cártel de Sinaloa y, sobre todo, por la canción A mis enemigos, supuestamente, compuesta contra los rivales del cártel de El Chapo. Tiempo después de la muerte de Elizalde, su entonces pareja, Nathaly Fernández, hija de El Gordo Fernández, socio de Flores Hernández, se casó con Julión Álvarez, en Tesistlán, Jalisco. Una de las principales invitadas a la boda fue la cantante, también fallecida en un extraño accidente de aviación, Jenni Rivera.

Los cierto es que en esa red de lavado de dinero que encabeza Raúl Flores Hernández, participan, según la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del departamento del Tesoro de EU, que ayer congeló todos los bienes y cuentas, y toda relación económica de todo tipo con los involucrados, Rafa Márquez y Julión Álvarez.

La relación de Rafa con Flores Hernández y los hijos de Caro Quintero es de muchos años atrás, desde que comenzó la carrera del futbolista. Hay muchas empresas en las que participó con otros integrantes de la red y con familiares de Flores Hernández, como Felipe Flores Gómez, pero una muy notable es la del club de fútbol Morumbi, en 2008, cuando ya jugaba en Europa, donde Rafa Márquez se convirtió en socio de una sociedad que encabezaba el propio Felipe Flores. Ingresó como socio para reemplazar precisamente a Flores Hernández, que en esos momentos sufría una investigación por lavado de dinero, que en el 2009 derivó en el embargo de sus cuentas y la de todos los relacionados con el restaurante Camelias Bar, por parte de la Siedo, por ser considerado un centro de lavado de dinero. En el Camelias Bar, por cierto, es donde la fundación Rafa Márquez suele realizar muchos de sus eventos.

Para esas mismas fechas fue asesinado en Jalisco el exfutbolista David El Magic Mendoza, mientras iba acompañado de Omar Caro (el hijo de Caro Quintero, la camioneta que conducía El Magic era de su propiedad) y de Raúl Flores Gómez (y del futbolista Miguel Zepeda), quien entonces era el gerente del Camelias Bar. El padre de Flores Castro es Flores Hernández, quien era el presidente de otro equipo de segunda división, el Autlán de Jalisco y que intentó, en esa fecha, junto con Rafa Márquez y Zepeda, registrar al equipo Coras de Nayarit. La Federación Mexicana de Futbol les negó el registro sin explicación, pero en realidad se supone que había sido informada por la Siedo de las investigaciones contra Flores Hernández.

La verdadera sorpresa del caso de la red de lavado de dinero encabezada por Raúl Flores Hernández, en la que participan dos hijos de Rafael Caro Quintero y en la que se involucra a
Rafael Márquez y Julión Álvarez, es que Flores Hernández está detenido desde el 20 de julio pasado, de lo que se informó horas después de que se diera a conocer la existencia de esa red. El dato es central porque el principal personaje, más allá del impacto mediático de Julión o Rafa, es el propio Raúl Flores
y la pregunta es si éste, desde su detención el 20 de julio, proporcionó o no información a las autoridades de México y/o Estados Unidos, entre otras cosas, sobre dicha red. Que haya o no proporcionado información o que se hubiera o no obtenido información adicional sobre sus operaciones y socios será crucial para este caso.

Sin duda, sobre varios de los involucrados en esta historia habrá consecuencias no sólo en el ámbito económico y financiero, sino también penal. En el caso de Márquez, el capitán de la Selección mostró tener un buen equipo de abogados detrás que lo llevaron, apenas horas después de que se diera a conocer la lista, a presentarse a declarar voluntariamente a la Procuraduría General de la República  y, luego, tener una salida muy moderada y acotada en medios.

Por lo pronto, lo que hay que comprender es qué significa estar en la lista Kingpin del Departamento del Tesoro y cómo se diferencia ello de un proceso penal. Son dos mecanismos, dos caminos que pueden estar relacionados, pero son distintos. El Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Bienes Extranjeros (OFAC), realiza investigaciones sobre relaciones comerciales o financieras de personas o empresas con personajes designados como narcotraficantes o terroristas.

Este mecanismo surgió como parte del Plan Colombia, cuando se tenía la convicción de que numerosos empresarios, políticos, deportistas, gente del mundo del espectáculo no sólo tenía alguna relación personal o de amistad con personajes del narcotráfico, sino también una relación económica o financiera con esos grupos criminales y eran prestanombres o lavaban dinero para los cárteles. En muchas ocasiones, independientemente de que estuvieran bajo investigación, era difícil lograr que esas relaciones pudieran redundar en una condena judicial. Lo que se hizo, entonces, fue impulsar estos otros mecanismos desde el Departamento del Tesoro para poder imponer sanciones civiles por vías económicas, independientemente de que haya o no condenas penales.

Las resoluciones de la OFAC son autónomas y unilaterales. Tienen cuerpos de investigadores e instancias propias donde se toman estas decisiones, pero son diferentes y se mueven por criterios distintos a los de un juzgado penal. De todas formas, todos esos expedientes se trasladan al Departamento de Justicia, que realiza su propia investigación y decide si inicia o no una acción penal.
Lo mismo sucede con las autoridades judiciales de México, en este u otros casos.

Algunos se han preguntado qué sucede si el Departamento del Tesoro se equivoca, si los incluidos en estas listas son inocentes. Puede ser. Hay ocasiones en que personas incluidas en esa lista han aclarado su situación y han salido de ella. Son pocas. Pero en todo caso salir de la lista Kingpin no es un proceso corto ni sencillo. Los bienes y cuentas de las personas señaladas en ella quedan congelados y, posteriormente, pueden ser regresados, si de alguna forma demuestran que sus negocios son legítimos o terminan siendo expropiados por las autoridades.

El problema para quienes están involucrados en estos procesos es, además, que, en los hechos, todas sus cuentas y bienes, no sólo los que pudieran tener en Estados Unidos, terminan congelados, sino también los que tienen en el país, ya que prácticamente todas las instituciones financieras y comerciales, de una u otra forma, terminan teniendo lazos con las de la Unión Americana y, según esa ley, se prohíbe cualquier tipo de relación con las personas o empresas que son señaladas. Se trata de una suerte de muerte civil, más allá de que tenga consecuencias penales.

¿Puede ser que este tipo de sanciones tengan intencionalidad política? Puede ser, pero eso no termina de ser, profundamente, subjetivo. En todo caso, son investigaciones que se prolongan en ocasiones por años y, como ya se ha dicho, la red de Flores Hernández tiene que haber comenzado antes de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca. En general, este tipo de instituciones estadunidenses trabajan con un amplio margen de autonomía y si bien no son ajenas a las presiones políticas, no suelen “pedir permiso o línea” para actuar en este tipo de casos.

En este caso, Raúl Flores Hernández es el verdadero protagonista de esta trama. Por eso, saber cómo estuvo su detención, cuándo y dónde se produjo, si colabora o no con las autoridades de México o de Estados Unidos, se transforma en un punto clave de toda la investigación, decisivo para el futuro de los demás involucrados.

Excelsior

Jorge Fernández Menéndez

 martes, agosto 15, 2017