EL GOBIERNO de la República alista la creación de una nueva unidad policial, además de la Guardia Nacional, que se centrará en investigar y perseguir el lavado de dinero en el país.

Lo anterior según el Plan Nacional de Desarrollo (PND) enviado a la Cámara de Diputados por el Ejecutivo federal, que indica que en próximas fechas se remitirá al Congreso de la Unión un proyecto de norma por el que se crea la ley federal de combate de conflictos de interés.

“Se centralizarán las instancias de contraloría, se reforzarán mecanismos fiscalizadores como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, se reorientará la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se creará una unidad policial especializada en lavado de dinero”, se precisó en el Plan Nacional de Desarrollo.

La anterior iniciativa forma parte del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a erradicar la “corrupción, el dispendio y la frivolidad”, según se precisa en el PND.

El 17 de octubre del 2012, unos meses antes de que terminara el mandato de Felipe Calderón Hinojosa y que empezara el de Enrique Peña Nieto, se publicó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita.

En dicha normativa se especifica que la PGR, ahora fiscalía general, contará con una unidad especializada en análisis financiero y contable relacionado con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“La unidad, cuyo titular tendrá el carácter de agente del Ministerio Público de la Federación, contará con oficiales ministeriales y personal especializados en las materias”, se precisa en la normativa vigente.

Fue el 20 de diciembre del 2012 cuando se publicó el acuerdo A/327/12, en donde se especifican las funciones de la Coordinación General de Información y Análisis Financiero, no obstante, unos meses después, el 17 de julio del 2013, se cambió de nombre a Unidad de Análisis Financiero y se especificaron nuevamente sus funciones mediante el acuerdo A/078/13.

Según el artículo 8, fracción X de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita, la unidad tiene la facultad de “requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, y a otras autoridades, organismos públicos autónomos, incluso constitucionales, y a aquéllas personas responsables de dar avisos en las organizaciones con actividades sujetas a supervisión previstas en esta ley”, entre otras medidas más.

No obstante, su actuación no ha sido efectiva según consignan los reportes del Grupo de Acción Financiera, que en el 2018 indicó que la práctica de evasión fiscal era generalizada en México.

Además de indicar que una de las principales fallas del sistema mexicano contra el lavado de dinero es la falta de identificación del beneficiario final, es decir, aquellas personas que están detrás de las empresas fachadas que ocultan recursos.