En el ciberataque del 17 de abril, en el que cinco instituciones financieras sufrieron el robo de alrededor de 300 millones de pesos, los principales sospechosos son empleados bancarios.

Así lo reveló Marco Arturo Rosales, jefe de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas de la PGR.

El funcionario dijo a REFORMA que, para ejecutar el ataque contra Banorte, Inbursa, Banjército, Casa de Bolsa la Huasteca Potosina y KUSPI, fue necesaria la colaboración de los empleados con acceso al administrador de los servidores con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

Rosales indicó que se han identificado a 200 personas que hicieron retiros del dinero, muchos de ellos probablemente sin saber que se trataba de una operación ilícita, ya que les ofrecieron una comisión o porcentaje a cambio de aceptar los depósitos del dinero robado en el hackeo.

«En este momento creemos, por la evidencia que tenemos, que es muy posible que hubiera gente apoyando desde el interior del banco.

«No sabemos si alguien que tuvo acceso eventual o empleados que trabajan directamente para el banco tienen un contacto directo con la plataforma, pero lo que sabemos también después de este análisis que hemos hecho es que esto no ocurrió en un lapso de tiempo corto, esto lo vinieron trabajando desde hace algunos meses», dijo.