LA ESTAFA MAESTRA DE US $450 MILLONES DE DINERO PUBLICO

La pregunta al candidato oficialista José Antonio Meade se formuló de distintas maneras.

«¿No supo que en varias secretarías y dependencias del gobierno federal donde colaboró se extraviaron más de 7.600 millones de pesos(unos US$450 millones) en contratos irregulares?».

El cuestionamiento, ocurrido durante una entrevista en la cadena Milenio, se refiere a una investigación periodística llamada «La Estafa Maestra», que documentó el desvío de ese dinero en el actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. 

En esa administración, Meade fue secretario de Relaciones Exteriores, Desarrollo Social (Sedesol) y de Hacienda. El tema marca la actual elección presidencial, donde la corrupción es el centro de encendidos debates. 

En el caso de Meade, postulado por la coalición Todos por México, es uno de los asuntos que más se repiten en entrevistas o señalamientos de sus adversarios. 

Y es que la investigación documentó varias presuntas irregularidades en una de las secretarías que encabezó, la Sedesol. 

Y esto es, coinciden diversos especialistas, una de las razones de por qué no puede abandonar el tercer lugar en las encuestas electorales.

Cómo combatir la corrupción ha sido uno de los temas centrales de las campañas por la presidencia de 2018. 

Pero el candidato insiste: durante su gestión «no hubo una sola irregularidad», y además su equipo colaboró en todo momento con las investigaciones.

BBC Mundo solicitó una posición oficial sobre este tema al equipo de campaña de Meade. 

La respuesta, hecha llegar por escrito, puntualiza entre otras cuestiones que «no existe ningún expediente o denuncia abierto ante el Órgano Interno de Control (de Sedesol), la Procuraduría General de la República (PGR) o la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contra de José Antonio Meade». 

Las claves de la Estafa Maestra

Más allá de la disputa política, la Estafa Maestra reveló algunas estrategias de cómo se lleva a cabo la corrupción en México.

Se trata de un modus operandi con varios años en marcha, y que no se ha visto de esa manera en otros países. 

La investigación fue realizada por el portal de noticias Animal Político y la organización Mexicanos contra la corrupción y la impunidad (MCCI). Se publicó en septiembre de 2017.

El origen fue el informe de la ASF sobre las cuentas públicas del gobierno federal en 2013 y 2014. 

Se trata del órgano del Congreso responsable de vigilar el uso del presupuesto federal, que se aplica también en gobiernos municipales y estatales.

La investigación encontró que se asignaron contratos de forma irregular para la realización de servicios en al menos once dependencias como las secretarías de Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes, el Banco Nacional de Obras o Petróleos Mexicanos.

En algunos casos los contratos no se cumplieron, y en otros el costo real fue menor al presupuesto asignado originalmente.

También documentó el camino y la estrategia para esconder el destino final de los recursos públicos.

«Ayuda» universitaria

Uno de los modus operandi de la corrupción que revela la Estafa Maestra es el uso de universidades públicas para desviar recursos.

Y para concretarlo se aprovecha «un resquicio» en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, explica a BBC Mundo Daniel Moreno, director de Animal Político. 

La legislación regula las compras y servicios que adquiere el gobierno federal. Uno de sus artículos permite asignar contratos de manera directa, sin licitación o concurso, a dependencias públicas como las universidades

La ruta, entonces, es la siguiente: se contrata a estas dependencias educativas para que realicen algún servicio para el que no están capacitadas o no tienen personal para desarrollarlo.

Así, las universidades se ven obligadas a subcontratar a una o varias empresas que tampoco pueden hacer el trabajo. 

Entonces piden los servicios de otra y así hasta llegar a la que realmente tiene la capacidad de cumplir.

Pero lo hace a un precio menor al original, a veces equivalente al 10% de los recursos asignados.

En la investigación de la Estafa Maestra «encontramos casos donde se repitió hasta ocho veces esos pasos, y en todos cada empresa se queda con una parte del dinero», cuenta Moreno. 

La universidad que recibe el contrato original también se beneficia.

«Como permanentemente tienen crisis de recursos, lo reciben porque les significa una ganancia. Sin embargo, se los dan a cambio de hacer servicios que las universidades no pueden dar no están preparadas para ello. Esa es la trampa central», añade. 

De esta manera, según la ASF, en 2015 se extraviaron 540 millones de pesos (unos US$30 millones) de la Sedesol. Ese año, los secretarios eran Rosario Robles primero, y José Antonio Meade después.

Pero en ese proceso nada tuvo que ver el ahora candidato, insiste su equipo de campaña.

 «Ninguno de los convenios referentes al caso se firmaron durante la gestión de José Antonio Meade, cuyo período como secretario de Desarrollo Social inició el 28 de agosto de 2015, mientras que todos los acuerdos fueron firmados antes de julio de ese mismo año», precisa. 

«Al no haberse suscrito durante su gestión, las condiciones de los convenios se pactaron por quien los signó, incluyendo las fechas de pago».

De hecho cuando asumió el cargo «dio por terminados anticipadamente contratos con universidades», y ordenó la realización de 19 auditorías. 

También se presentaron siete denuncias ante la PGR. El resultado fue la suspensión de 468 funcionarios y empleados, «el mayor número de servidores públicos suspendidos por un solo caso en la historia de la Función Pública», apunta su equipo de campaña.

Fantasmas millonarios

Otro modus operandi de la corrupción es entregar contratos de manera directa a empresas «fantasma», es decir, que no existen.

Quienes lo hacen aprovechan que el sistema electrónico para realizar compras o arrendar servicios del gobierno, llamado Compranet, solo registra algunos datos de las empresas contratadas.

Se trata de información como el domicilio de la compañía, representante legal, datos fiscales y la actividad que realiza, por ejemplo.

Pero no va más allá, explica Max Kaiser, director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un organismo civil que analiza el gasto público.

«La plataforma no permite verificar cosas como quienes son los socios de la empresa que se contrata, cuál es el beneficiario final, quién ejecuta los trabajos y si los hace bien», dice a BBC Mundo.

Cuando la ASF investiga suele encontrar que el domicilio reportado por las empresas son en realidad casas particulares en barrios populares.

Incluso se han encontrado cabañas o chozas en comunidades rurales. 

Otra parte de esta estrategia es el pago a empleados, amas de casa o campesinos para que acepten firmar como representantes legales. 

Y en ocasiones lo piden como favor personal, tal y como documentó la investigación periodística: algunos de los supuestos empresarios eran chóferes o empleados de despachoscontables, por ejemplo. 

Legalmente, ante las autoridades, estas personas son millonarias. Pero en realidad, muchas veces viven en pobreza. 

Impunidad

Otro dato que revela la investigación periodística es que muy pocos casos de desvío de recursos públicos son castigados, coinciden Moreno y Kaiser.

Hay varias razones: porque muchas de las empresas por donde se conoce que pasó el dinero no existen o los responsables prácticamente desaparecen. 

En los casos donde se localiza a algún presunto empresario resulta que no tiene idea del tema ni, mucho menos, cuenta con los recursos públicos desviados

El presidente Enrique Peña Nieto concluye este año su gobierno con niveles de aprobación bajos, en parte debido a los problemas de corrupción en su administración. 

Y un tercero es «el pobre sistema de control y vigilancia que tenemos en México», recuerda el investigador del IMCO.

Por ejemplo en el actual gobierno la Secretaría de la Función Pública (SFP) estuvo casi tres años sin responsable. 

Cuando se designó a uno, Virgilio Andrade, fue removido en poco tiempo debido al escándalo de la compra de una mansión de US$7 millones por la familia del presidente.

El caso se conoce como «La Casa Blanca». 

Pero además, la mayoría de las demandas judiciales que presenta la ASF no son investigadas, afirma Daniel Moreno.

«Cuando revisas las decenas, cientos de denuncias penales que ha presentado la Auditoría, encuentras que menos del 10% es realmente investigada. El resto, literalmente, se sepulta», afirma.

El resultado final es impunidad. Y pérdida de mucho dinero.

Hasta ahora ni la ASF, la Secretaría de Hacienda o la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) han encontrado el destino final de los US$450 millones.

«Una hipótesis es que el dinero se usa en campañas electorales, no hay pruebas» porque las empresas a las que se ha logrado contactar «se niegan a transparentar el uso de los recursos». Legalmente sólo están obligadas a hacerlo ante Hacienda, pero no se sabe si la secretaría solicitó esa información.

FUENTE: ALD/BBC

 

 

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